(You can read this article in English here.)
Traducido por Michelle Ellner
“No es un delito cumplir una misión diplomática. No es un delito eludir sanciones que perjudican a todo un país. No puede ser ilegal ayudar a un pueblo”. Camilla Fabri Saab hizo estas vehementes declaraciones al explicar la situación en la que se encuentra la detención ilegal y la extradición -el secuestro, en esencia- de su marido, el diplomático venezolano Alex Saab.
Saab es prácticamente desconocido en Estados Unidos, donde actualmente permanece en una prisión de Miami, pero ha sido vital para la capacidad de Venezuela de sobrevivir a la brutal guerra económica emprendida por Estados Unidos.
Saab es un preso político cuyo caso tiene paralelismos con el de Julian Assange. Ambos han sido objeto de alcance extraterritorial por parte de las autoridades estadounidenses, ya que ninguno de los dos es ciudadano estadounidense y sus presuntos delitos tuvieron lugar fuera del país. Assange está en la cárcel por decir la verdad. Saab está en la cárcel por ayudar a alimentar a los venezolanos.
Saab se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en el programa de vivienda de Venezuela y fue sancionado por la administración Trump en 2019 por su trabajo con el CLAP de Venezuela, un programa que envía alimentos y otros artículos de primera necesidad a las familias venezolanas.
Referido rutinariamente en los medios de comunicación como un empresario colombiano, Saab goza de doble nacionalidad venezolana y colombiana además de ser diplomático. Fue nombrado enviado especial de Venezuela en abril de 2018, más de dos años antes de su detención.
Según la Convención de Viena y la Ley de Relaciones Diplomáticas de Estados Unidos, un diplomático no puede ser detenido por una potencia extranjera. Esto incluye a los diplomáticos que están en tránsito entre los países emisores y receptores, Venezuela e Irán, en el caso de Saab.
Alex Saab volaba de Venezuela a Irán cuando su avión se detuvo para repostar en Cabo Verde, un país insular situado en la costa occidental de África. Fue detenido sin orden judicial y retenido en Cabo Verde durante casi 500 días mientras se desarrollaba en los tribunales una prolongada batalla sobre su extradición a Estados Unidos.
Fue golpeado, le fue negada la atención médica y se le mantuvo aislado. Cabo Verde hizo caso omiso a una sentencia de un tribunal regional que ordenaba su liberación, así como a una decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que suspendía su extradición. Ni su familia ni sus abogados fueron informados de su extradición hasta después de que se produjo.
En resumen, Saab fue secuestrado dos veces: una cuando su avión estaba repostando y otra cuando fue trasladado a Estados Unidos.
Estados Unidos argumenta que la extradición fue legal y que cualquier violación de la Convención de Viena fue cometida por Cabo Verde. David Rivkin, uno de los abogados de Saab, dice que el hecho de que “Cabo Verde haya violado absolutamente su obligación legal no proporciona ninguna excusa a Estados Unidos”.
Rivkin describe el caso contra Saab como “sin precedentes”, dada la amplia y protectora visión que Estados Unidos ha mantenido habitualmente sobre la inmunidad diplomática. Saab tiene una comparecencia en abril ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito sobre esta misma cuestión.
“Estados Unidos no puede tener un mundo en el que terceros países puedan molestar a los diplomáticos estadounidenses, y si se establece una norma que dice que los diplomáticos de terceros países pueden ser molestados por Estados Unidos, es inevitable que ocurra lo mismo con los diplomáticos estadounidenses. Este enjuiciamiento no tiene ninguna base legal y no redunda en los intereses a largo plazo del propio Estados Unidos”, explica Rivkin.
Más allá de la cuestión crucial de la inmunidad diplomática, los cargos y el caso contra Saab son claramente políticos. Durante años, Estados Unidos ha perseguido a figuras clave en Venezuela, incluso poniendo recompensas sobre el presidente Maduro y otros, como parte de sus intentos de derrocar al gobierno.
Estos intentos, que incluyen librar una guerra económica bárbara e ilegal que ha diezmado la economía de Venezuela, han provocado un aumento de la migración y han causado la muerte de decenas de miles de venezolanos. Camila Saab califica con razón las sanciones de Estados Unidos como un “acto de guerra contra toda la población venezolana”.
Su marido desempeñó un papel clave en la mitigación de las terribles consecuencias de las sanciones. Se involucró por primera vez con Venezuela al conseguir contratos para la Gran Misión Vivienda, un programa social del gobierno que ha construido 3,9 millones de viviendas para los venezolanos de clase trabajadora desde 2011, la mayoría bajo las sanciones impuestas al país.
Luego Saab obtuvo contratos para el programa venezolano CLAP, a través del cual 7 millones de familias venezolanas reciben cajas de alimentos y bienes esenciales cada mes.
Las sanciones no sólo dificultan la vida de los venezolanos, sino que hacen que sea un reto hacer negocios con Venezuela. Los bancos se niegan a realizar transacciones (incluso cuando son perfectamente legales). Las compañías de seguros suben los precios o se retiran por completo. Las compañías navieras suben las tarifas. Los vendedores exigen dinero en efectivo y no operan a crédito.
En lugar de retirarse de Venezuela, como hicieron muchos empresarios, Saab decidió seguir con el pueblo venezolano y pasó del sector privado al público, convirtiéndose en diplomático encargado de encontrar “soluciones prácticas” al “bloqueo económico y financiero” impuesto a Venezuela desde 2015, lo cual incluía la negociación de acuerdos comerciales con Irán.
La relación económica con Irán ha sido fundamental para ayudar a la recuperación de la industria petrolera de Venezuela y, por extensión, de su economía.
Saab desempeñó un papel fundamental en los acuerdos comerciales entre Irán y Venezuela para todo tipo de productos, desde gasolina y repuestos hasta alimentos y medicinas. Según Forbes, Saab era un blanco de Estados Unidos porque tenía “los medios y los conocimientos técnicos para ayudar a mantener discretamente toda una economía en movimiento bajo los ojos de un mundo vigilante”.
Saab ha negado las acusaciones en su contra y señala una investigación suiza que se abandonó luego de tres años por falta de pruebas.
“Los méritos de las acusaciones son débiles a primera vista. Implican actividades que no tuvieron lugar en Estados Unidos y su conexión con Estados Unidos es muy tenue”, dice el abogado David Rivkin.
Su detención en Cabo Verde, a instancias del gobierno estadounidense, se produjo apenas unos meses después de que Trump anunciara una campaña de “máxima presión” sobre Venezuela. Su extradición a Estados Unidos descarriló el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Estados Unidos planea ahora “presionar” a Saab “para que arroje luz sobre la red económica de Venezuela tras las sanciones”, según Forbes. Después de soportar ser torturado en Cabo Verde, la palabra presión se queda corta.
“Desde el día que él voló a Irán, nos han perseguido a todos. Nos han acosado en los medios de comunicación, nos han demonizado, no nos han dejado verle”, dijo Camilla Saab, describiendo lo que ha sufrido su familia.
Alex Saab, sobreviviente de cáncer, no ha podido tomar sus medicamentos diarios desde su detención. Ha perdido 65 libras. Sus padres murieron de COVID-19 mientras él estaba encarcelado en Cabo Verde.
Su familia ha sufrido también. Sus hijos adultos fueron sancionados por la administración Trump. Su hija menor nunca lo ha conocido. Sin embargo, en todas sus comunicaciones, Saab mantiene su lealtad al pueblo venezolano.
Al perseguirlo, Camila Saab cree que Estados Unidos está enviando un mensaje: “Intentan intimidar, pero el pueblo venezolano resiste y sigue en su lucha por la soberanía. Estados Unidos no es la policía del mundo. Liberen a Alex Saab”.
